En tiempos de pandemia la vida se torna complicada para todos. La crisis sanitaria lleva consigo la crisis económica, puesto que la vida tal y como la conocíamos ha dejado de existir, al menos, de momento.
Cientos de miles de empleos desaparecen, por lo que cientos de miles de familias sufrirán las terribles consecuencias.
Los sectores de población más vulnerables no podrán hacer frente al pago de sus hipotecas o de sus alquileres. Tienen que enfrentarse a una terrible situación, o pagar el alquiler o comer. Pero si para los arrendatarios los tiempos son complicados, no lo son menos para los caseros.
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Las dificultades de los caseros para cobrar la renta
En España el 80 % de los pisos alquilados son de pequeños propietarios, familias que han estado años ahorrando para tener un pisito del que poder sacar un rendimiento a modo de alquiler.
Si el inquilino no paga su renta, al casero solo le queda una salida, acudir a los tribunales. Los desahucios por impago del alquiler son los más habituales, aunque se puede desahuciar una vivienda o local por varios motivos, como por ejemplo, por haber expirado el plazo del alquiler, por necesitar la vivienda el casero o un familiar de primer grado de consanguinidad, por realizar actividades nocivas, insalubres o peligrosas, etc…
Toda esta regulación la marca la Ley de Arrendamientos Urbanos y, subsidiariamente el Código Civil, por ejemplo para los alquileres de habitaciones.
El primer síntoma de que algo no va bien lo detecta el casero cuando no se ingresa la renta. Esto desencadena en los propietarios una angustia creciente.
Las excusas de los inquilinos van sucediendo en cascada hasta que se acaban, y cuando esto sucede, se bloquean los whatsapps y no se contestan las llamadas de teléfono ni los e-mails de los propietarios.
No hay dinero, por tanto, habrá que acudir a los tribunales con la ayuda de un abogado experto en desahucios.
Cómo realizar un desahucio legalmente
Un problema para el casero pues, además de no percibir su renta tendrá que afrontar un gasto inesperado, por lo tanto, lo primero que tiene que averiguar es cuanto cuesta un desahucio.
Una demanda por desahucio requiere tanto de un abogado como de un procurador. Los juzgados, atascados por la carga de trabajo, hacen lo que pueden, mientras que la primera pregunta del demandante es ¿cuándo recuperaré la vivienda?
El inquilino se aferrará a un clavo ardiendo, acudiendo a un abogado de oficio para que dilate lo máximo el desalojo de la vivienda. Una de las técnicas más usadas en estos tiempos es el “estado de vulnerabilidad” y la búsqueda de una alternativa habitacional.
El problema es que en España no se dispone de suficientes pisos para tanta desgracia. El plazo para recuperar una vivienda alquilada en un juzgado es de mínimo 4 o 5 meses, y de ahí para adelante.
Pero en estos casos, son lentejas para el casero, o demanda ante los tribunales, o no volverá a pisar su vivienda.
